Respecto de la relación con la industria, es necesario entablar un diálogo constructivo, pues esta debe participar como coproductora y copartícipe en la gestión y atención de la salud, yendo más allá del rol de comercialización. Además, el diálogo con la industria es fundamental para abordar el tema de la soberanía sanitaria, estableciendo una reserva estratégica nacional de bienes sensibles para el sector de la salud, cuyo tema se ampliará en la sección final de enfoque prospectivo.

Lo que no se puede permitir

Finalmente, dentro de la categoría de lo que no se puede permitir, se encuentra el tema de la calidad en la atención que, dentro de la búsqueda de la cobertura universal, ha sido relegada a un segundo plano. Por esta razón, se señala la necesidad de implementar una política nacional de fomento de la calidad que abarque diversos aspectos como incentivos reales, políticas tributarias y conversaciones con el sector educativo, propuesta que será ampliada más adelante en la sección de prospectiva.

De igual forma, durante la pandemia se pudo comprobar que es posible reducir la burocracia y agilizar los procesos administrativos. Ejemplos de esto son el giro directo y los movimientos de pacientes críticos a través de los centros reguladores de urgencias (más allá de las redes de contratación de las EPS) que resolvieron los asuntos de manera eficiente, lo que también demuestra que el sistema funcionó sin tantos trámites.

Es importante tener en cuenta las lecciones aprendidas y buscar formas de mantener la eficiencia y agilidad en el sistema de salud. Esto implica continuar simplificando los procesos administrativos, reduciendo la burocracia y promoviendo un flujo adecuado de las operaciones. Esto podría incluir la revisión y actualización de los procedimientos, la utilización de tecnología adecuada para agilizar los trámites, así como la promoción de una cultura organizacional que valore la eficiencia y la calidad en la atención de la salud.

Otro punto que no debe seguir permitiéndose es el uso del concepto de gestión del riesgo en ciertos contextos para encubrir prácticas como la integración vertical, trasferir o derivar el riesgo e imponer barreras de acceso a la población. La verdadera gestión integral del riesgo en salud es una estrategia que busca anticiparse a eventos relacionados con la salud pública, enfermedades y traumatismos para prevenir su aparición o, en caso de presentarse, detectarlos y tratarlos tempranamente para reducir su impacto y consecuencias. Esta gestión involucra la coordinación de diferentes agentes para identificar y actuar sobre las circunstancias y condiciones que afectan la salud, originadas en los individuos, colectivos y su entorno.

Cuando se aplica de manera adecuada, este enfoque tiene un gran valor. Por ello, es esencial que dentro de un sistema de aseguramiento se mantenga y refuerce esta función. Es fundamental asegurar que todos los involucrados entiendan sus responsabilidades y que no se deleguen inapropiadamente, como ha sucedido anteriormente mediante contratos, glosas no justificadas o la falta de reconocimiento de deudas en los procesos de liquidación. También es crucial que las aseguradoras cumplan con ciertos requisitos que, hasta ahora, han sido ignorados. Entre estos se incluye el respeto a los estándares de habilitación y permanencia. Cabe destacar que, según la Superintendencia de Salud, en su informe de Superintendencia de Salud decreto 2702 de 2014 y sus modificaciones, con corte a junio de 2022 solo 7 de las 25 EPS evaluadas cumplían completamente con estos estándares[1].

Cada agente dentro del sistema tiene un rol y unas funciones que no deben ser pasados por alto ni traspasados a otros sin consideración. Reconocer y respetar estas competencias individuales es fundamental para un funcionamiento eficiente y efectivo. Esto implica adaptar y aplicar las estrategias de gestión del riesgo de acuerdo con las características y responsabilidades de cada entidad. Al personalizar el enfoque de la gestión del riesgo, se puede garantizar que las acciones y decisiones se ajusten a las necesidades y capacidades específicas de cada agente del sistema, lo que aumenta la efectividad general.

En síntesis, sobre la experiencia, la pandemia por COVID-19 ha sido un catalizador para cambios y evaluaciones en el sistema de salud. Ha expuesto tanto las fortalezas como las debilidades del sistema, ofreciendo una oportunidad única para entender y proponer una reforma. La capacidad del sistema para adaptarse rápidamente a circunstancias excepcionales, como la implementación de un plan de vacunación masiva y la adaptación a nuevas formas de atención como la telemedicina, demuestra un nivel de resiliencia y flexibilidad que debe ser capitalizado en el futuro.

No obstante, la pandemia también ha puesto al descubierto notables deficiencias en aspectos como el bienestar mental de los trabajadores de la salud, la perdida de relevancia del tema de calidad, el exceso de trámites y las practicas indebidas por parte de algunos actores del sector, aspectos que demandan soluciones de largo aliento y asi trasciendan la mera reacción ante la emergencia.

Las lecciones aprendidas durante la pandemia deberían servir como un punto de partida para reformas estructurales que fortalezcan la resiliencia del sistema de salud mejore la calidad de la atención y aseguren una distribución más equitativa de los recursos. Esto incluye la adopción de tecnologías emergentes, la revisión de protocolos y la implementación de políticas que promuevan la salud pública de manera más efectiva, así como la reconstrucción de la confianza para restaurar la relación entre los actores del sistema mediante una comunicación clara y el fomento activo de la colaboración entre actores.

[1] En su informe del cumplimiento de indicadores de permanencia, la Superintendencia de Salud no tiene en cuenta a las 5 EPS indígenas, de allí que el número sea 25.