“Respecto de las liquidaciones de EPS, la decisión la toma la Superintendencia Nacional de Salud y desde la Procuraduría hemos acompañado en temas puntuales cuando a ello hubiere lugar (garantía de derechos, pagos, evitar tutelatones para entorpecer los procesos, etc.). La solicitud de vigilancia superior de la Procuraduría General de la Nación (PGN) la pueden pedir los afiliados, el liquidador o el Superintendente de Salud. En estos procesos de liquidaciones, nosotros estamos a la expectativa y actuando como nos corresponde, con la vigilancia superior y en defensa de los derechos fundamentales, que es en últimas la razón de ser de un sistema de salud, la garantía de los derechos fundamentales”.

Así lo afirmó Diana Margarita Ojeda Visbal, procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, quién agregó lo siguiente: “Liquidar una EPS significa depurar el sistema de salud, si el funcionario de turno revisa de fondo la situación y toma decisiones objetivas; muchos casos han sido por corrupción o por otras razones que impiden la continuidad. El sistema se ha venido depurando, hubo eventos muy difíciles como Medimás y varias EPS que no cumplían con alguno de los requisitos de permanencia en el sistema”.

Enfatizó que el objetivo final es mejorar el servicio a los usuarios del sistema: “La liquidación es un proceso riguroso que debe cumplir con una serie de requisitos, absoluta experiencia e idoneidad del liquidador o interventor para lograr los objetivos legales: brindar garantía de derechos y prelaciones en los pagos. Estas medidas en estricto rigor técnico, deben mejorar la prestación de los servicios a los usuarios, garantizar los recursos y el debido proceso”.

Ojeda Visbal anotó al respecto: “En la liquidación hay que cumplir primero con las normas del Estatuto Tributario de liquidación de entidades. El proceso de liquidación no tiene norma propia como lo pidieron varios ministros y tampoco se pudo hacer por proyecto de ley. Estos procesos de liquidación son absolutamente regulados, hay prelación de créditos: hay que pagar a los trabajadores, extrabajadores, proveedores, etc., hasta donde alcancen los recursos y la masa de liquidación, los bienes, hasta ahí pueden los liquidadores adelantar los trámites a que haya lugar”.

Asimismo, destacó que las EPS se han liquidado, con excepción de unas pocas, porque no alcanzaban a cubrir la prestación de los servicios de salud, dilataban la prestación de estos, no les pagaban a los proveedores o no atendían el interés general, sino que tuvieron actuaciones por fuera del marco de la ley, lo cual es objeto de investigaciones penales, como el caso de SaludCoop y algunas otras.

Recalcó que las liquidaciones se han dado, en la mayoría de los casos, por fallas del servicio de las EPS: “Algunas EPS se han apartado del interés general, no han cumplido sus objetivos, se han endeudado demasiado por déficit en la UPC, porque tienen una población vulnerable, crónica, catastrófica, y no les alcanza esa UPC, no tienen un balance financiero para eso. Entonces no siempre es por corrupción o desgreño administrativo, sino por la situación de la población afiliada. No solo es una medida económica, sino que también cuentan otros factores para liquidarlas”.

La procuradora delegada señaló, además, que debe considerarse que se recarga el trabajo a las EPS receptoras de afiliados de las EPS liquidadas: “En esos procesos hay un trámite que realiza el Ministerio de Salud, de repartir a los afiliados y beneficiarios a las otras EPS, y eso para estas EPS tiene un efecto con muchas dificultades, porque los afiliados vienen atrasados en la prestación de servicios y les toca ponerse al día, atenderlos, y cualquier entidad si le colocan más afiliados con la misma UPC, tiene que redoblar sus esfuerzos para atender lo que no se atendía en la EPS que se lleva a liquidación”.

A este respecto, advirtió que cuando se han depurado EPS en el país se logró el mejoramiento en la prestación de los servicios, “pero también va a llegar un momento en que se podrían ‘reventar’ otras EPS por el número tan alto en volumen de afiliados y riesgo que tienen con las nuevas atenciones. No quiero decir que esto ocurra, sino que puede darse, pero las que quedan que están asumiendo las cargas, son absolutamente responsables, grandes, competentes; por eso pasan los afiliados de EPS liquidadas a Nueva EPS, a Sura, a Compensar, a las más grandes del país”.

Respecto de la labor de los liquidadores de EPS, indicó que algunos solicitaron acompañamientos puntuales a la Procuraduría Delegada: “Hemos acompañado a liquidadores como el de EPS Barrios Unidos AMBUQ, Luis Carlos Ochoa, y a Felipe Negret (liquidador de Coomeva EPS, Saludcoop), liquidadores con gran experiencia, serios, absolutamente correctos, de gran profesionalismo y con mucha trayectoria en estos temas, cuando nos solicitaron apoyo con demandas que interponen, con el cumplimiento de obligaciones por la ADRES u otra entidad, con la advertencia de que la Superintendencia de Salud debe tener la mayor participación en esos procesos de intervención y liquidación. Hemos actuado cuando hicieron tutelatones para impedir el cumplimiento de liquidaciones o intervenciones: en el caso de AMBUQ se interpusieron porque querían que no se liquidara esa EPS, que a todas luces estaba actuando irregularmente, pero la gente quedó sumamente satisfecha cuando los pasaron para varias EPS serias en todo el país”.

La procuradora delegada señaló que, cuando la Supersalud ordena liquidar una EPS, la labor de la Procuraduría es trasladar las quejas que recibe en el proceso, ponerlas en conocimiento del liquidador, “para que pague por ejemplo las prestaciones pendientes tanto de tipo laboral como las que se derivan por parte de las IPS. Por otra parte, si se avizora como en otras ocasiones algún tipo de irregularidad de la EPS, la misma Supersalud la debe poner en conocimiento de la Fiscalía y de la Contraloría, porque en últimas son recursos del sistema de salud”.

Entre los acciones que ha emprendido la Procuraduría en los procesos recientes de liquidación de EPS, se incluyen las siguientes:

• Por solicitud de Procuraduría, se levantó el embargo de cuentas maestras de EPS AMBUQ en liquidación para pagar a extrabajadores y acreedores.
• La Procuraduría pidió garantizar continuidad de servicios para usuarios de las EPS en liquidación de Medimás, Coomeva, Comfamiliar Huila y Convida, haciendo el llamado a las EPS receptoras.
• La Procuraduría llevó a cabo vigilancia especial al proceso de intervención y liquidación de Coomeva EPS; además, la Procuraduría Delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo ha hecho seguimiento permanente a las medidas de intervención forzosa, con el fin de proteger los derechos de los afiliados, conociendo sus quejas y reclamos frente a la atención recibida, y gestionando soluciones prontas y efectivas con el Agente Especial Liquidador y la misma Supersalud.

En agosto de 2022, la Procuraduría profirió cargos a representantes legales de EPS Golden Group en liquidación, por presunto desvío de recursos de la salud para uso personal.