EN PORTADA
- Juan Carlos Giraldo Valencia | Director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).
- Liliana Claudia Delgado | Asesora del Área de Investigación
- Noviembre 1de 2024
- 1:00 PM
iii. Plan de beneficios en salud
Un componente crucial en este contexto es el Plan de Beneficios en Salud (PBS), que representa la promesa de valor ofrecida a cada ciudadano en términos de atención médica. Sin embargo, surgen dudas sobre su eficacia para hacer frente a la carga actual y futura de enfermedades La revisión del PBS debe considerar no solo la cobertura actual, sino también las proyecciones epidemiológicas y demográficas para asegurar su relevancia a largo plazo. Esto incluye la consideración de nuevas tecnologías y tratamientos, así como la adaptación a los cambios en los patrones de enfermedad y en la estructura poblacional del país.
Según datos del Ministerio de Salud y Protección Social (2024), el 97% de los procedimientos están financiados mediante la UPC. Al analizar los códigos de procedimientos específicos, se observa una situación similar con los medicamentos, donde un 94%-95% está financiado mediante la UPC.
La actualización del PBS en Colombia es un proceso dinámico que refleja la evolución del sistema sanitario desde sus orígenes en 1994. Inicialmente, el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud (Mapipos), establecido por la Resolución 5261, contaba con 2647 procedimientos basados en el tarifario del Instituto de Seguros Sociales (ISS). Esta base ha experimentado transformaciones significativas a lo largo de los años, adaptándose a las cambiantes necesidades de salud de la población y a los avances médicos (tabla).
Dos momentos clave en esta evolución se destacan: en el 2016 se observó un crecimiento notable en los procedimientos implementados, principalmente debido a la desagregación de procedimientos complejos en varios más específicos. Posteriormente, en el 2018, se produjo otro incremento significativo, esta vez enfocado en la especialización de consultas médicas, desglosando las consultas de primera vez, control e interconsulta por especialidades médicas. Estos cambios reflejan un esfuerzo por mejorar la precisión y la especificidad en la catalogación de servicios de salud.
La actualización del PBS en Colombia afronta retos significativos ante una transición epidemiológica compleja caracterizada por un incremento en enfermedades crónicas no transmisibles, la persistencia de enfermedades infecciosas tradicionales y la emergencia de nuevas amenazas sanitarias como la COVID-19. Simultáneamente, el envejecimiento poblacional demanda una mayor atención, mientras que el creciente reconocimiento de la salud mental como problema de salud pública exige la expansión de servicios especializados. Estas dinámicas se desarrollan en un contexto de inequidades constantes en el acceso a servicios de salud, lo que requiere un enfoque diferenciado y flexible en la actualización del PBS.
Este panorama exige que el sistema de salud colombiano enfoque la atención a necesidades actuales con la anticipación de desafíos futuros, con el fin de garantizar una cobertura equitativa y adaptativa que responda eficazmente a la evolución del perfil epidemiológico del país.
iv. Servicios sociales complementarios
La intersección entre los servicios de salud tradicionales y los servicios sociales complementarios es un aspecto fundamental que exige una atención prioritaria en el debate sobre la reforma del sistema de salud en Colombia. Esta dimensión, con frecuencia subestimada, está estrechamente relacionada con el concepto de beneficio social, los planes de beneficios en salud y los mecanismos de financiación del sistema.
A medida que las sociedades evolucionan se enfrentan a desafíos demográficos y sociales emergentes, como el incremento en la población que vive en soledad y en la demanda de cuidados especializados, ya sea por condiciones de salud o circunstancias sociales. Este fenómeno ha dado lugar a lo que se denomina la “economía del cuidado”, un sector que requiere recursos especializados y una atención más focalizada por parte de los sistemas de salud y bienestar social (Prado, 2010).
En Colombia, la respuesta a estas necesidades ha sido históricamente gestionada a través de mecanismos judiciales, como las tutelas, lo que ha provocado una sobrecarga significativa en el sistema de salud. Aunque este enfoque ha permitido abordar casos individuales, su sostenibilidad y eficacia a largo plazo están en entredicho.
Los servicios sociales complementarios, como los cuidados paliativos y la atención domiciliaria, son cruciales para la atención de poblaciones vulnerables, especialmente en el contexto del aumento de enfermedades crónicas, trastornos de salud mental, discapacidad y enfermedades raras y de alto costo. Estas poblaciones suelen enfrentar abandono social y soledad, lo que resalta la necesidad de una gestión coordinada y prolongada de su cuidado.
Otro aspecto destacado en el debate público sobre las prioridades de salud en la Unión Europea, según Mauer et al., 2023), es la importancia de involucrar a la sociedad civil y a las comunidades en el proceso de toma de decisiones sobre las reformas en los sistemas de salud. La participación activa de los ciudadanos no solo fortalece la legitimidad de las políticas implementadas, sino que también garantiza que estas respondan de manera efectiva a las necesidades reales de la población. Este enfoque participativo podría ser especialmente relevante en Colombia, donde las decisiones sobre la integración de servicios sociales complementarios al sistema de salud deben reflejar una comprensión profunda de las condiciones locales y las expectativas de los usuarios. Incorporar estas voces en el diseño y la implementación de las políticas podría contribuir a una mayor equidad y eficiencia en la prestación de servicios, asegurando que las reformas no solo sean sostenibles, sino también socialmente aceptadas.
La posible incorporación de estos servicios al PBS representa un desafío crucial. La integración debe realizarse bajo una perspectiva de integralidad, evitando así la fragmentación que podría derivar en desigualdades en el acceso y la calidad de los servicios.
Asimismo, estos servicios imponen una presión considerable sobre los sistemas de salud, tanto en términos financieros como operativos. Elementos como el transporte especial, el servicio que prestan los cuidadores y la provisión de productos específicos representan desafíos significativos.
Finalmente, la prestación de estos servicios se encuentra en una “zona gris”, frecuentemente abordada por medio de tutelas. Esto resalta la necesidad urgente de que la sociedad formule respuestas, planes y esquemas de financiación que permitan enfrentar estos desafíos de manera efectiva, garantizando un acceso equitativo y sostenible a los servicios sociales complementarios.
v. Mínimos vitales para prestadores de servicios de salud
En el contexto de la gestión financiera del sector salud, la búsqueda de un índice que refleje adecuadamente los costos reales de los prestadores de servicios sanitarios ha llevado a cuestionar la idoneidad del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Salud y a proponer alternativas más precisas. El IPC Salud, tradicionalmente utilizado como referencia para medir la inflación en el sector, presenta limitaciones significativas que justifican la exploración de nuevos enfoques.
El análisis histórico revela que el IPC Salud ha superado consistentemente al IPC nacional en los últimos 25 años, con escasas excepciones (figura 7). Sin embargo, la composición de la canasta utilizada para su cálculo, que incluye principalmente servicios ambulatorios y medicamentos de venta común, no refleja comprehensivamente la estructura de costos del sistema de salud.
El debate sobre la necesidad de índices más precisos para medir la inflación en el sector salud no es nuevo. Ya en 1997, Plaza y Bloom realizaron un estudio exhaustivo sobre este tema titulado Inflación en el Sector Salud: Revisión del Índice de Precios. Este informe, elaborado para la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), probablemente abordó muchas de las cuestiones que aún hoy son relevantes en la discusión sobre la medición de costos en el sector salud.
Este estudio subraya la persistencia de los desafíos en la medición precisa de la inflación en el sector salud, y refuerza la necesidad actual de desarrollar herramientas más sofisticadas como el propuesto Índice de Precios al Productor (IPP) específico para el sector salud. Es probable que muchas de las observaciones y recomendaciones hechas por Plaza y Bloom sigan siendo pertinentes en el contexto actual, lo que sugiere la importancia de revisar y actualizar estos análisis de manera prioritaria en búsqueda de soluciones para el sector.
Ante las deficiencias del IPC Salud con medida de la inflación en el sector, el IPP emerge como una alternativa prometedora para el sector salud. El IPP se fundamenta en una metodología que captura de manera más directa la estructura de costos de los productores de servicios sanitarios, ofreciendo una representación más fiel de las variaciones en los precios de insumos médicos, equipamiento y otros recursos esenciales para la prestación de servicios de salud.
La construcción del IPP Salud consta de tres etapas principales: la definición de una canasta de bienes y servicios representativa basada en los costos reales del sistema, la elaboración de un índice de precios específico para el sector y su actualización periódica. Este proceso metodológico asegura que el índice refleje de manera precisa y actualizada las dinámicas económicas propias del sector salud.
Las ventajas operativas y estratégicas de implementar un IPP en el ámbito sanitario son múltiples. En primer lugar, facilita el ajuste de tarifas hospitalarias de manera más alineada con los costos reales de producción, contribuyendo a la sostenibilidad financiera de los proveedores de servicios de salud. En segundo lugar, ofrece una base robusta para la proyección de costos operativos y la comparación entre instituciones, permitiendo una planificación financiera más precisa y facilitando el benchmarking entre entidades sanitarias. Por último, se convierte en un instrumento valioso para la negociación de contratos con proveedores, ayudando a las instituciones a mantener su viabilidad financiera frente a fluctuaciones en los costos de insumos.
La implementación efectiva del IPP Salud requiere una colaboración estrecha entre instituciones estadísticas, autoridades sanitarias y proveedores de servicios de salud. La precisión y representatividad de los datos utilizados para construir el índice son fundamentales para su utilidad práctica.
En conclusión, la adopción del IPP como alternativa al IPC Salud se presenta como una oportunidad para mejorar la gestión financiera y la toma de decisiones en el ámbito sanitario. Aunque su implementación conlleva desafíos, los beneficios potenciales en términos de precisión, relevancia y utilidad práctica justifican los esfuerzos necesarios. Este enfoque representa un paso hacia un reconocimiento más transparente de los costos reales del sector salud y ofrece la posibilidad de establecer oportunidades de crecimiento equitativas que reflejen las necesidades vitales del sistema sanitario.
vi. Calidad
En Colombia, el desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) ha marcado un hito significativo en la evolución de los servicios sanitarios del país. Este sistema, definido como un conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos del sector salud, tiene como objetivo primordial generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud (Decreto 780 del 2016). La estructura del SOGCS se fundamenta en cuatro componentes esenciales: el Sistema Único de Habilitación (SUH), el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), el Sistema Único de Acreditación (SUA) y el Sistema de Información para la Calidad en Salud (SICS).
Los avances en la implementación de este sistema se evidencian en indicadores concretos, como la acreditación de 61 instituciones que abarcan tanto entidades públicas como privadas en diversos niveles de complejidad. Este progreso se ha visto reflejado en reconocimientos internacionales, con instituciones colombianas figurando entre las mejores del mundo según rankings de América Economía y Newsweek.
El ranking de Newsweek Mejores Clínicas y Hospitales según Newsweek 2024 sitúa a dos instituciones colombianas entre las 250 mejores en el ámbito mundial. La Fundación Valle del Lili ocupa el puesto 162, mientras que la Fundación Santa Fe de Bogotá se ubica en el puesto 244. Este logro es particularmente significativo considerando que la lista está encabezada por instituciones de renombre mundial.
Por otro lado, el ranking de América Economía Los Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina 2023 ofrece una visión más detallada del desempeño de las IPS colombianas en el contexto regional. Este ranking evalúa a las instituciones basándose en ocho criterios: seguridad del paciente, capital humano, capacidad, gestión del conocimiento, reputación, eficiencia, dignidad y experiencia del paciente. Dos instituciones colombianas se encuentran entre las cinco primeras de América Latina: la Fundación Cardioinfantil en el tercer puesto y la Clínica Imbanaco en el quinto lugar.
El desempeño de las IPS colombianas en estos rankings internacionales revela aspectos cruciales del sistema de salud nacional. Su inclusión en clasificaciones de prestigio global demuestra la consecución de estándares de calidad comparables a los de centros médicos líderes mundiales. La presencia recurrente de múltiples instituciones colombianas evidencia una consistencia en la calidad de atención, reflejando un esfuerzo sostenido por mantener la excelencia.
Estos rankings no solo sirven como reconocimiento a los logros alcanzados; también proporcionan un marco de referencia para la mejora continua y el establecimiento de objetivos futuros en el sector salud colombiano. Además, ofrecen una perspectiva comparativa valiosa para los formuladores de políticas y administradores de salud, permitiéndoles identificar áreas de fortaleza y oportunidades de mejora en el sistema de salud nacional.
La ACHC desempeña un papel significativo en la promoción de la calidad y seguridad en el sector salud a través de su iniciativa “Galardón Nacional Hospital Seguro”. Este reconocimiento, instituido en el 2010, tiene como objetivo principal impulsar la mejora continua en los procesos de seguridad de hospitales y clínicas, estableciendo estándares de excelencia que sirvan como referentes de mejores prácticas en el ámbito de la seguridad del paciente.
El galardón no solo reconoce públicamente a las entidades que logran avances significativos en la mejora de la seguridad del paciente, sino que también fomenta la implementación de estrategias efectivas para la prevención, la detección oportuna y la corrección de eventos adversos. Desde su creación 28 instituciones han sido galardonadas, lo que deja ver el impacto positivo y la acogida de esta iniciativa en el sector.
Esta distinción, concebida por la ACHC, se ha convertido en un instrumento estratégico para estimular las actividades de calidad entre sus afiliados y demás instituciones prestadoras de servicios de salud del país. Su enfoque va más allá del mero reconocimiento, buscando contribuir de manera tangible al desarrollo y el mejoramiento continuo de estas instituciones, con el fin último de beneficiar a la población colombiana mediante servicios de salud más seguros y de mayor calidad.
Es fundamental reconocer que la consolidación de una cultura de calidad en el sector salud colombiano es un proceso en curso que enfrenta desafíos significativos. La institucionalidad ha ejercido una fuerte influencia en los prestadores de servicios, enfocándose en el cumplimiento de requisitos y estándares. Aunque se han establecido normativas para entidades territoriales y aseguradoras, su implementación efectiva ha sido limitada, lo que implica que la carga recae principalmente sobre los prestadores. Es necesario promover una política sólida que impulse la calidad en todas las entidades del sector.
Para avanzar en esta dirección, desde la ACHC se proponen varias medidas como incentivo a la calidad:
- Incentivos tributarios: implementar incentivos tributarios reales para entidades comprometidas con niveles superiores de calidad y resultados mejorados. Esto debe ir más allá de la caridad y abarcar todas las áreas que buscan excelencia en sus servicios.
- Tasa de vigilancia exenta integral a la marca: la tasa de vigilancia ha sido el único incentivo real, pero actualmente está en discusión su efectividad y aplicación. Es fundamental revisar y simplificar este mecanismo para que sirva como un verdadero incentivo para mejorar la calidad.
- Tarifas diferenciales.
- Apoyo preferencial a créditos Findeter y líneas de fomento.
- Promoción del acreditador: facilitar el acceso a los procesos de acreditación a través de subsidios o condonaciones de pago. Los costos asociados a la acreditación y reacreditación pueden ser elevados, por lo que es fundamental proporcionar apoyo económico a la institución acreditadora, así como fomentar y proteger su labor, ya que desempeña un papel esencial en el avance de la calidad.
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