¿Qué impactos están dejando las liquidaciones de las EPS a los prestadores privados, como la Clínica Universitaria Bolivariana?

Tienen un impacto altísimo en el ejercicio financiero de las instituciones; en la medida en que la EPS terminan liquidadas, todas esas acreencias que estaban pendientes de reconocer por parte del asegurador al prestador no están siendo reconocidas o no están siendo pagadas en su totalidad y, finalmente, el déficit financiero queda en el prestador. Indiscutiblemente, el balance ha sido supremamente negativo en contra de los prestadores.

¿Qué pasa cuando los prestadores identifican que las carteras están creciendo su morosidad? ¿Tienen alguna opción para frenar esa situación?

Actualmente, en el sistema de salud encontramos una dificultad muy grande, porque por instrucciones de la Supersalud nosotros, como prestadores, cuando tenemos servicios de urgencias habilitados y somos instituciones de mediana y alta complejidad, estamos obligados a atender cualquier paciente que llegue después del triage. Tengamos o no convenio con la EPS del usuario, nosotros le tenemos que garantizar la atención. Pero el proceso administrativo no tiene iguales resultados, porque esa atención va a sumarse a la cartera y no tiene el pago correspondiente; entonces, ahí hay un desequilibrio en el sistema, porque al final nosotros estamos obligados a prestar el servicio, pero las EPS no hacen la gestión de reconocimiento y, finalmente, cuando las liquidan, el déficit financiero termina siendo del prestador.

¿Qué argumentan las aseguradoras para no pagar oportunamente y generar deudas billonarias a los prestadores?

Algunas aseguradoras expresan causas como que el costo es superior al gasto, que la UPC es deficitaria financieramente y no alcanza, y que la frecuencia de uso se ha incrementado. Al final todo lo que tiene que estar en ese componente de la gestión del riesgo financiero y del riesgo en salud no se está dando de forma adecuada. La demanda está superando la capacidad que tiene la EPS de responder desde el punto de vista financiero y, con el tiempo, los prestadores terminamos asumiendo esa cartera por los servicios ya prestados, porque la EPS no la está reconociendo.

¿Qué tipo de acciones emprenden los prestadores privados para recuperar esas deudas y evitar llegar a cobrar en un proceso de liquidación o intervención de la EPS?

La gestión de cobro es un ejercicio que se hace de forma sistemática en las áreas financieras de los prestadores. Nosotros hacemos la radicación de la factura de los servicios prestados, hacemos seguimiento con las áreas de cuentas médicas de las EPS, conciliamos las cuentas, surtimos los procesos de resolución de glosas y devoluciones e, incluso, en algunos casos participamos en mesas de trabajo sobre propuestas de conciliaciones administrativas. Pero encontramos que las diferencias entre lo que el asegurador dice que le debe al prestador y lo que nosotros decimos que ellos nos deben tienen unas brechas muy grandes y, finalmente, esa cartera termina perpetuándose en el tiempo.

Cuando avanzamos en los procesos jurídicos, tenemos grandes dificultades de prosperar, porque los dineros de la EPS, por ser recursos públicos, son inembargables y, entonces, encontramos un embudo, porque —insisto— el prestador está obligado a garantizar la atención y a prestar los servicios, pero el asegurador no está obligado a reconocer las cuentas que corresponden a unos servicios que fueron prestados de forma oportuna y con estándares de calidad. Ahora que estamos en proceso de reforma al sistema de salud, ese desequilibrio es uno de los elementos que se debe revisar en detalle. 

En los procesos de liquidación, ¿cuáles son las barreras con las que se encuentran los prestadores al tratar de recuperar esas deudas?

En la mayoría de las liquidaciones nos encontramos con que el patrimonio que logra cuantificar el agente liquidador no alcanza para reconocer las acreencias que son avaladas por ellos mismos, porque siempre hay diferencia entre la expectativa de las acreencias radicadas por los prestadores versus las que finalmente reconoce el liquidador; entonces, el patrimonio no alcanza ni siquiera para reconocer lo que ellos mismos dijeron que había que pagar.

¿Qué tipo de proyectos deja de desarrollar una institución hospitalaria cuando tiene dificultades financieras por deudas de EPS en liquidación?

La planeación de mediano y largo plazo se ve afectada permanentemente; entonces, tenemos que ir priorizando. Por ejemplo, la renovación tecnológica se ve afectada; si los recursos no llegan de forma oportuna, se termina dilatando en el tiempo y solo se va haciendo con lo que sea prioritario y fundamental para la operación. Igualmente, se van dilatando los procesos de capacitación o reentrenamiento del talento humano en salud y se van retardando los procesos de mejoramiento de la infraestructura, porque los recursos que llegan los tenemos que priorizar para hacer el pago del talento humano, los proveedores y poder garantizar la cadena de logística y aprovisionamiento, y poder hacer la operación.

¿Cuánto le deben las EPS en liquidación a la Clínica y qué posibilidad ve de recuperar esa cartera?

A junio de este 2023, las EPS liquidadas le han dejado una cartera a la Clínica Universitaria Bolivariana de $ 25.418 millones de pesos, que corresponde al 33 % de la cartera institucional, es decir, una tercera parte de la cartera de la clínica se está viendo afectada y está en alto riesgo de no ser reconocida por nadie en esos procesos de liquidación.

De los $ 25.000 millones, Coomeva EPS es la que tiene la mayor participación de esa cartera de EPS liquidadas con el 87 %, es decir, $ 22.000 millones. Todavía no tenemos la estimación final de cuál será el porcentaje de acreencias reconocidas, pero según la estimación del agente liquidador Coomeva no va a tener patrimonio para pagar un solo peso; entonces, la expectativa de recaudo de recuperación de esta cartera, de acuerdo a nuestra planeación, tiene un alto riesgo de pérdida, y esos dineros son muchos años de retroceso para la Clínica Universitaria Bolivariana.

Usted mencionaba que hay un desequilibrio en el sistema tanto en la operación normal como en los procesos de liquidación. ¿Cómo se puede resolver ese desequilibrio?

Desde el punto de vista de indicadores financieros de las EPS, se debe garantizar un control estricto en que la aseguradora haga la debida reserva técnica, que fue diseñada en el sistema como una previsión que permita a la EPS tener los recursos para garantizar el pago de todas las autorizaciones que surjan en el proceso de atención de sus asegurados. A esas reservas técnicas se les debe hacer un seguimiento estricto y tienen que existir.

Adicionalmente, se debe crear un fondo de salvamento con una bolsa de recursos que deberían aportar los diferentes aseguradores, para que, cuando el patrimonio de la EPS no alcance, le permita al Estado salir a reconocer las deudas a los prestadores.  

Por ejemplo, lo que pasó con Caprecom que, siendo la EPS pública, el Gobierno, en el marco del Acuerdo Punto Final, destinó unos recursos específicos para pagar las acreencias de esta EPS; el Estado, a través de Ministerio de Hacienda, dispuso 500.000 millones de pesos que alcanzaron para pagar las acreencias de Caprecom una vez liquidada, y ese reconocimiento lo hizo el Estado por ser una EPS pública.

Este fondo debería financiarse con recursos de la EPS privadas y el Ministerio de Hacienda; también deben crear unas partidas que permitan que esa bolsa crezca y que, en la eventualidad de que se liquide una EPS, se cuente con los recursos suficientes para poder hacer el reconocimiento de esas acreencias. Lo que no puede seguir pasando en el sistema es que, una vez la EPS se liquide, desaparece la responsabilidad de la aseguradora y las cuentas por pagar las asumimos los prestadores, diciendo que es una relación entre privados. No: indiscutiblemente tiene que incluirse en la reforma del sistema una medida que, cuando una EPS desaparezca, tengamos un mecanismo con recursos suficientes para reconocer las acreencias a los prestadores.

¿Usted cree que el Estado debería responder por las deudas que están dejando las EPS liquidadas que no tienen activos para pagarlas?

Yo soy de los que pienso que ahí hay corresponsabilidad del Estado a raíz del ejercicio que se ha hecho y que, si estas EPS han estado funcionando y tienen la operación autorizada por parte del Gobierno, entonces el Estado, en el momento en que estas entidades no tengan con qué reconocer sus deudas, cuente con los mecanismos para ser solidario en esos reconocimientos de las acreencias.