¿Qué impacto está generando la liquidación de EPS en la prestación de los servicios y en la gestión de las instituciones hospitalarias?

La principal afectación tiene que ver con el flujo de efectivo y la liquidez del hospital público, porque históricamente nosotros vivimos de la cartera. Normalmente, el hospital público alcanza, en promedio de recaudo corriente al cierre de cualquier vigencia, entre el 65 % y el 70 %; el resto de los ingresos dan cuenta es del recaudo de vigencias anteriores. Entonces, con cualquier liquidación, cambia el escenario de flujo corriente, es decir, del flujo efectivo. 

También cambian las condiciones en términos de la garantía del servicio. Toda liquidación trae consigo una redistribución de aseguramiento; los usuarios que estaban afiliados a la EPS que entra en proceso de intervención o liquidación migran a otros aseguradores, que algunas veces no tienen presencia en el territorio para manejar el régimen, y eso trae consigo un inicio o arranque desde cero del proceso contractual. Generalmente, ese asegurador no conoce el mercado, no conoce la población y tiende a generar condiciones unilaterales en la contratación; o, si tienen en el territorio, intentan homologar al régimen distinto al que están recibiendo, por ejemplo: si es régimen subsidiado quieren homologar a unas condiciones del contributivo. Eso hace que muchas veces, y en términos generales, casi todos los aseguradores transiten inicialmente con acuerdos de prestación de servicios, pero no con una relación contractual definida por un acuerdo de voluntades. 

En nuestro caso, cuando tuvimos la cesión de Medimás y pasó la población a Nueva EPS y Compensar Salud, con esta última no fue difícil negociar, porque era una población pequeña, pero con Nueva EPS, que recibió la mayor parte de la población desde diciembre 2021, a la fecha no tenemos acuerdo de voluntades. Eso hace que esas particularidades afecten no solamente el contexto del flujo de efectivo, sino que cambian las condiciones contractuales y el hospital público pierde el poder adquisitivo y las condiciones comerciales.

Otro impacto es la segmentación de los servicios. Por ejemplo, hemos identificado que hay servicios que el asegurador que recibe la población no le interesa contratar con el hospital público, por su política de gestión de riesgo o de relaciones contractuales, y con el anterior asegurador sí teníamos ese grupo de servicios. En el Valle del Cauca, se presenta, por ejemplo, con los medicamentos. Al momento de cerrar o hacer el proceso de liquidación de una EPS, el hospital público viene garantizando la entrega de medicamentos ambulatorios al paciente y la EPS que recibe a los usuarios define que no se siga prestando ese servicio, porque tiene un operador propio para la entrega de medicamentos. También hemos identificado casos por el tema de servicios de ambulancias; o muchas veces tratan de tener contratos mixtos donde algunas condiciones las garantizamos nosotros los prestadores públicos y otras la asume la red privada. Eso desfavorece la integralidad, la resolutividad y el acceso a los servicios por parte de la población.

En tercer lugar, hemos identificado un mecanismo: […] en teoría, ese recurso de las EPS liquidadas se pierde porque no hay restablecimiento del recurso, salvo la excepción de Caprecom que, por tener participación del Estado, fue la única que pagó las acreencias reconocidas, porque los aseguradores solo admiten un porcentaje de la acreencia que se presentó, así esté bien documentada y soportada.

El cuarto aspecto está orientado a la condición que se está presentando con la liquidación de Cafesalud y Medimás, y estamos esperando con Coomeva. Es que, generalmente en el proceso de liquidación, el asegurador está empezando a recobrar servicios debidamente soportados que en su momento fue radicada la factura y presentado el soporte de prestación de servicios, y que por algún motivo no encuentran la legalización de esos pagos, porque no tienen el documento que dé cuenta de eso. Entonces, están haciendo los recobros a través de conciliaciones y, en algunos casos, iniciaron procesos legales en contra de las ESE; en nuestro caso, tenemos una demanda de recobro de servicios, según ellos pagados de más al prestador por parte de Medimás. 

¿Esta situación cómo los ha afectado? ¿Les ha tocado devolver dinero?

En nuestro caso, a la fecha no hemos tenido que devolver nada. Con lo que se está presentando esta situación es con los servicios capitados, y eso ha pasado en varios municipios del Valle del Cauca.

Usted indica no se está logrando el pago de esas acreencias de las EPS liquidadas en su totalidad. ¿Con qué situación se han encontrado?

La práctica clara es que se declaran en insolvencia; manifiestan que el capital de trabajo que le quedaba a la aseguradora es nulo. En los casos como Cafesalud, Cruz Blanca y Medimás, la tendencia es a manifestar que no tienen cómo responder por la masa liquidatoria, que tienen unas prelaciones en lo laboral y parafiscal, y luego sí podrían pagarse los servicios de salud prestados a sus afiliados. Entonces, nosotros nunca vamos a tener prioridad, y como los recursos son limitados, va a ser difícil que nos paguen. Han empezado a llegar algunos pagos por prorrateo, conforme a procesos de solvencia económica que han encontrado algunos liquidadores y, por ejemplo, a nosotros nos han llegado pagos de $ 70 u $ 80 pesos, producto de hacer parte de la masa liquidatoria.

Cuando logran recuperar algo de las deudas de la EPS en liquidación, ¿qué porcentaje de la deuda logran recuperar?

Normalmente, lo que hemos identificado hasta ahora el 0,002 %, literalmente nada, Incluso, cuando ellos sacan el comunicado, así tal cual lo tasan. Cuando venden un bien o lo subasta, nos manifiestan que, producto de ese ingreso, hacen un pago después de cumplir los requisitos de orden de prioridad, y como prestadores por prorrateo, y a cada uno le corresponde los mismos $ 70 pesos.

¿En cuánto tiempo logran recuperar esa mínima parte?

Por ejemplo, con Cruz Blanca, después de tres años, nos hizo un abono de $ 48 pesos; y con Cafesalud que entró en liquidación en 2017, apenas nos hizo el primer pago hace cerca de un mes, es decir, cinco años después.

En un hospital público, ¿qué tipo de proyectos o áreas terminan afectándose por las deudas de las EPS liquidadas?

Lo que más se afecta es el pago de servicios personales si la ESE no tiene caja disponible; en el mejor escenario, puede durar dos meses sin poder pagar al talento humano y a los proveedores. Por ejemplo, con la salida de Medimás, teníamos una caja que nos permitió aguantar seis meses y parte de esas atenciones se dieron por contrato por evento; y con Nueva EPS, vinimos a recibir el primer giro de ese evento a los siete meses; en el caso de las cápitas, en el mejor escenario se han recibido recursos a los 60 días, porque ellos indican que tienen que parametrizar y cargan población, y en ese proceso  pueden pasar más de dos meses; además, en casos como Nueva EPS, no le aplica el giro directo, que agiliza la llegada de recursos al prestador.

¿A qué tipo de recursos acuden para poder cumplir con las obligaciones que tiene el Hospital?

Normalmente, para cumplir con las obligaciones, nos toca recurrir al crédito. Algunos que tienen la capacidad de operación lo hacen a través de la banca, y otros lo hacemos a través de las relaciones comerciales con los proveedores, a quienes tenemos que pedir que nos garanticen un margen de transacción superior al que generalmente se trabaja; por ejemplo, pasar de 90 días a 120 días para el pago, sin que nos afecten la condición de precio y la oportunidad en la entrega de los insumos; y con ese margen, nosotros podemos garantizar el pago de seguridad social y salarios al personal.

También nos ha tocado empezar a buscar, con otros compradores de servicios, mecanismos de transacción que nos permitan garantizar flujo; empezar a hacer conciliaciones; tratar de negociar pagos anticipados; implementar algún tipo de acuerdo de pago que permita incrementar el giro que se está recibiendo y así poder garantizar ese equilibrio.

Teniendo ese panorama y esas dificultades y las herramientas a las que les toca recurrir desde su visión, ¿cómo se podría mitigar ese impacto de las deudas de las EPS liquidadas?

Primero, si el sistema sigue operando a través de la intermediación y los aseguradores siguen teniendo el manejo de los recursos financieros, es necesario establecer un fondo de garantía para la cobertura de los aseguradores en insolvencia, porque, al final, los servicios en su momento fueron prestados frente a una UPC ya girada a los aseguradores, y alguien tiene que responder por las deudas a los prestadores. 

Actualmente, no existe una reglamentación que permita el salvamento de la red pública cuando los aseguradores se declaran en insolvencia; las cartera se va deteriorando y, normalmente, no tenemos alternativa de poder recuperar esos recursos inmediatamente. Por ejemplo, si vamos a pedir ayuda a la entidad territorial o al Ministerio de Salud, nos indican que no pueden pagar carteras que deba un asegurador, porque no hay una figura legal que lo permita; por lo tanto, es primordial tener ese fondo.

La segunda [opción] es la siguiente: yo creo que hay que buscar una alternativa distinta al mecanismo de transacción del giro. No sé si efectivamente la figura sea el ADRES como único pagador, pero el asegurador ha demostrado ineficiencia en el manejo de los recurso financieros. La tercera: contar con un mecanismo para un cierre de cuentas que sea efectivo para lo que está reglamentado y no se cumple por las malas prácticas el pagador.

¿A cuánto asciende la deuda de las EPS liquidadas con su hospital?

Está cercana a los 800 millones de pesos. En el caso del Valle del Cauca es una cifra cercana a $ 180.000 millones de pesos.

Cuando el liquidador dice que no hay recursos para responder, ¿quién debería responder por esas acreencias?

Eso debería pagarlo el Estado, porque es el que le permitió y le dio la competencia al asegurador de la gestión del riesgo de la población y el manejo de los recursos financieros. Es una competencia que está a cargo del Estado y se le ha entregado a un tercero para hacer la gestión del riesgo y garantizar la adecuada ejecución de recursos.  

Ellos deben cumplir con esos indicadores para poderse habilitar como aseguradores y, si terminó en liquidación, es porque venían incumpliendo. Yo creo que una EPS no se quiebra de la noche a la mañana, [sino que] se vuelve insolvente producto del deterioro en el manejo de los recursos; la evidencia es que el Estado y la Superintendencia [de Salud] han tenido que ordenar mecanismos para liberar reservas técnicas y hacer el pago de algunas deudas.