Cuando entra en liquidación una EPS, ya sea en un proceso voluntario o por intervención forzosa para liquidar de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), los agentes del sistema de salud que están recibiendo el impacto más negativo son las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que se están quedando con unas deudas billonarias por servicios de salud ya prestados a los usuarios de estas EPS y que, además, en cumplimiento de la ley, deben seguir brindando los servicios sin tener garantía alguna del pago de esas atenciones.
Por esta razón, los gerentes de entidades públicas y privadas coinciden en analizar que hay un desequilibrio en la relación entre el asegurador y el prestador que está llevando a que sean las IPS las que asuman las grandes pérdidas financieras que han dejado las aseguradoras cuando son liquidadas, sin que nadie responda por las acreencias que tenían con la red de prestación de servicios o que, en el mejor de los escenarios, después de varios años que tarda el proceso de liquidación, solo se logra recuperar alrededor del 30 % de las deudas reconocidas, ya que nunca se acepta la totalidad de las acreencias radicadas, así estén debidamente soportadas.
Los prestadores advierten que las liquidaciones de EPS son muertes anunciadas, que hay señales en su operación que van evidenciando dificultades y, sin embargo, se permite que sigan funcionando, lo que lleva al aumento de las deudas a los prestadores; por ello, consideran que el Estado debería responder por estas deudas, ya que les permitió operar sin cumplir con los requisitos de habilitación.
Al indagar por las deudas que han dejado históricamente las más de 130 EPS que se han liquidado desde que entraron en operación con la Ley 100 de 1993, la información disponible en algunos archivos de fuentes oficiales, como la Supersalud y el Ministerio de Salud y Protección Social, se relacionan deudas que superan los $ 7,6 billones de pesos.
Adicionalmente y según la respuesta de la Supersalud en la entrevista para este artículo (ver entrevista Superintendente), no está incluida la deuda de EPS en liquidación como Medimás, Comfanariño, Comfamiliar Huila, Comfamiliar Guajira, Convida y Ecoopsos, cuyas cuentas por pagar superan los $3.4 billones de pesos, es decir, las deudas de las EPS en liquidación, que se registran en los archivos oficinales, estarían por el orden de los $11 billones de pesos, monto que podría ser aún mucho mayor, ya que no hay disponible información sobre las acreencias que dejaron a los prestadores 49 EPS de las entidades que han sido liquidadas y aparecen en el listado oficial.
Hospitalaria dialogó con tres directivos de entidades hospitalarias sobre el impacto que han generado las liquidaciones en la gestión diaria, los mecanismos a los que deben recurrir para responder a sus obligaciones, la desesperanzadoras respuestas que reciben de los agentes liquidadores al momento de tratar de recuperar las deudas que están dejando estas entidades y las propuestas que, a su juicio, pueden dar solución o mitigar los impactos que están dejando las liquidaciones en el sector prestador.
Ante las permanentes dificultades que enfrenta de manera crónica el sector hospitalario por la disfuncionalidad del sistema, la lentitud del flujo de recursos, el incumplimiento de las Entidades Responsables de Pago y la incertidumbre que están dejando las liquidaciones de EPS; por la baja probabilidad de recuperar las deudas que tienen estas entidades con los prestadores de servicios de salud porque la mayoría no cuentan con activos para responder por la totalidad de sus acreencias, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), desde 2009, ha insistido al Gobierno nacional y al legislativo en la necesidad de crear algunos mecanismos que protejan a la red hospitalaria y mitiguen el impacto de estas liquidaciones, para poder seguir garantizando la atención a los usuarios del sistema de salud.
Entre las propuestas que ha promovido el gremio de los hospitales y clínicas en Colombia —la ACHC— figuran las siguientes:
La ACHC, además, ha insistido en que la reforma a la salud, que se tramita actualmente en el Congreso de la República, debe tener entre sus prioridades hacer cambios en la tenencia y el flujo de los recursos en el sistema, así como promover la transparencia y la trazabilidad de los recursos de la salud. Además, es necesario hacer una transición inteligente, que contemple qué va a pasar con las deudas que tienen actualmente las EPS con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y, en caso de que haya un cambio de rol de la EPS y se conviertan en gestores, administradores o articuladores, se tienen que sanear todas las deudas para que se genere un paz y salvo, y así puedan migrar a un nuevo sistema sin cuentas pendientes.
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