Por tanto, los recursos del sistema de salud tienen como destinación primaria el pago de las atenciones en salud de los afiliados. Buscando el equilibrio en el relacionamiento de los agentes, también existe normatividad que establece las reglas de operación, bien cuando medie un contrato entre las partes o se trate del mandato legal. En el Decreto 780 del 2016 y sus decretos reglamentarios, en especial los decretos 4747 del 2007 y 441 del 2022, se definen las mínimos de las condiciones contractuales.

Ahora bien, es importante recordar que el artículo 2.5.3.4.6.2. del Decreto 780 del 2016 (modificado por el Decreto 441 del 2022) establece la liquidación de los acuerdos de voluntades, como aquella que se da a la terminación del acuerdo de voluntades y establece que, a falta de acuerdo sobre el plazo para la liquidación, esta debe efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes contados a partir de la fecha de terminación del acuerdo.

Establecer la liquidación de los contratos en la minuta contractual permite a las partes tener claridad sobre los términos y condiciones de ejecución y la forma como cierran o culminan su relacionamiento. Dicho artículo establece también que debe realizarse un acta de liquidación en la que se pueda dejar constancia “de la ejecución contractual, el nivel de cumplimiento final de las obligaciones asumidas por cada parte, así como de los indicadores acordados y de la nota técnica, en los casos que aplique, y en la que las partes podrán declararse a paz y salvo”.

No obstante la normatividad expedida, se han arraigado en nuestro sistema algunas costumbres que no solo desconocen el marco normativo, sino que causan daño a algunos agentes. El incumplimiento de los plazos para el pago de las facturas, el desconocimiento de los intereses de mora, las conciliaciones con descuentos injustificados, las glosas y devoluciones de facturas sin soporte legal, entre otros, son una constante. En esta línea también se normalizó el pago a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) por medio de unos mal denominados anticipos de las cuentas por prestación de servicios de salud.  

No es el propósito del presente artículo hacer un análisis de las cuentas contables, pero en términos generales y conforme con los marcos de información financiera, un pago anticipado o anticipo (“Se pueden tratar como sinónimos en materia financiera las palabras ‘anticipos’, ‘pagos anticipados’ y ‘gastos pagados por anticipado’, donde lo que predomina es la misma situación, reconocimiento de un activo cuando el pago ha sido realizado antes de que los bienes sean recibidos o antes de que los servicios hayan sido prestados” (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Concepto 462).) hace referencia al “pago por los bienes […] realizado antes de que la entidad obtenga el derecho de acceso a esos bienes. De forma similar, el párrafo 68 no impide que esta reconozca el pago anticipado como un activo, cuando dicho pago por servicios se haya realizado antes de que la entidad reciba esos servicios” (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, NIC 38, párrafo 70, Concepto 462, 2023).

No puede desconocerse que la atención en salud es un servicio especialmente sensible, de dinámicas operacionales distintas a las de otros servicios o sectores y ello, infortunadamente, ha valido para que no se cumplan o se postergue la adopción de reglas o normas universales de contabilidad. En este servicio existen glosas, devoluciones, barreras de radicación, falta de coincidencia entre lo facturado y lo reconocido, que a la postre se traducen en una conflictividad permanente y en grandes pasivos. 

Un anticipo se debe legalizar o devolver como certeza de que dicha prestación en salud efectivamente se materializó. Para la entidad responsable de pago se constituye en una cuenta por cobrar y para la IPS inicialmente en un activo por el contrato, pero en un pasivo por ese valor recibido sin legalizar. 

Dada la minucia y la operación que implica la revisión de las cuentas derivadas de prestación de servicios de salud, la aceptación no es automática ni se da en los términos que, por ejemplo, establece la facturación electrónica: la mayoría de las veces debe surtirse un proceso de auditoría y revisión que toma varios días, en algunos casos meses o años, y en otras ocasiones nunca se da esa revisión. 

Por lo anterior, mientras para la IPS se trata de una deuda y generó la factura por un servicio ya prestado, es probable que la empresa promotora de salud (EPS) ni siquiera lo tenga registrado. En esas atípicas formas de relacionamiento entre agentes del sistema de salud, algunas EPS optaron por hacer giros a IPS a título de “anticipos”; las IPS los reciben y registran con ese concepto, pero resulta —por decir lo menos— incomprensible que se de esa denominación al pago de un comprador de servicios de salud que tiene deudas y que, en la mayoría de los casos, superan por mucho los montos recibidos como “anticipos” y se trata de atenciones en salud que la IPS ya dio a los afiliados de esas EPS. Así lo corroboran las historias clínicas que soportan las facturas emitidas.

Si se tratara de anticipos, las IPS podrían ir aplicando tales giros a atenciones conforme se vayan dando; de no darse esta condición, la IPS se vería en la obligación de legalizar y devolver estos recursos so pena de tener un ingreso por un servicio que no se prestó y una obligación que no se causó. 

Tal es la importancia y la connotación de los anticipos de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), pues existe normatividad que establece el procedimiento para la devolución, incluso con intereses, cuando estos se dan por giros desde la ADRES y se catalogan como apropiados sin justa causa por algún agente del sistema de salud. Aunque no es el caso en cuestión, a continuación se mencionan algunas disposiciones relacionadas.