Según el nuevo informe sobre seguridad vial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Salvar vidas promoviendo un enfoque de sistemas de tránsito seguros en las Américas, los siniestros de tránsito cobraron la vida de 145.090 personas en las Américas en el 2021, lo que representa el 12% de las muertes globales por esta causa. Estos resultados, basados en los datos más recientes disponibles en 31 países, revelan que a pesar de algunos avances la tasa de reducción de muertes en las vías ha sido lenta y desigual, lo que evidencia la necesidad urgente de políticas nacionales más fuertes e integrales.
Las víctimas más afectadas son usuarios vulnerables como peatones, ciclistas y motociclistas, expuestos a mayores riesgos en las vías. Un aspecto preocupante es el aumento significativo en las muertes de motociclistas, que pasaron de representar el 12% del total de las muertes en el 2009 a constituir el 27% en el 2021, lo cual deja en evidencia un problema creciente que requiere atención urgente.
Según el estudio, la tasa de mortalidad por tránsito en las Américas disminuyó un 9,37% entre el 2010 y el 2021, lo que refleja un progreso lento. Solo nueve países lograron reducir las muertes. A nivel de subregiones, en América del Norte y el Caribe latino aumentaron en las tasas de mortalidad; en contraste, el Cono Sur y la zona andina lograron reducciones significativas.
“La seguridad vial sigue siendo un importante desafío para la salud pública en la región. La seguridad vial no es solo un tema de infraestructura o legislación; es una cuestión de vida o muerte para millones. Es crucial que los países implementen medidas integrales para proteger a todos los usuarios de las vías, especialmente a los más vulnerables”, afirmó Jarbas Barbosa, director de la OPS.
Además, el informe subraya la importancia de los avances en infraestructura vial, orientados a mejorar la seguridad de todos los usuarios. También se destacan las mejoras en los estándares de seguridad vehicular y la importancia de una respuesta eficaz posterior a los siniestros, que puede ser crucial para salvar vidas y evitar discapacidades. Asimismo, se exhorta a los países a implementar medidas y políticas efectivas para reducir las muertes y las lesiones causadas por el tránsito con un enfoque de sistemas seguros. Esto implica la implementación de estrategias integrales que promuevan una movilidad sostenible, saludable y segura; que fortalezcan la promulgación y el cumplimiento de las leyes de tránsito; mejoren la infraestructura vial; aumenten la seguridad de los vehículos, y refuercen los sistemas de atención postsiniestro.
El informe de la OPS asegura que las Américas no lograron la meta del primer Plan Mundial 2011-2020 de reducir a la mitad el número de muertes por lesiones. Aproximadamente el 37% de las muertes ocurrieron en países de ingresos altos, pese a que en ellos se concentra un mayor porcentaje de población (41%), de vehículos de motor registrados (57%) y de territorio (49%). Los países de ingresos medianos-bajos tienen el 7% de las muertes, pero ocupan el 3% del territorio, representan un 5% de la población regional y tienen el 1% de vehículos de motor registrados.
El organismo prevé que los países de la región están lejos de alcanzar la meta 4 del Plan Mundial 2021-2030 que establece que para el 2030 más del 75% de los desplazamientos por carretera serán por vías que cumplan normas técnicas de seguridad vial. Cerca de la mitad de los países ajusta sus estándares técnicos a convenciones internacionales basadas en buenas prácticas reconocidas actualmente. La movilidad sostenible es desigual entre los países: 13 cuentan con políticas nacionales que promueven el transporte público, 7 promueven el ciclismo, 5 fomentan la caminata y otros 5 promueven medios de transporte alternativos.
La OPS promueve un enfoque de sistema seguro como marco teórico y de acción para mejorar las condiciones de la seguridad vial mundial. Uno de los principios de este enfoque indica que la seguridad vial debe basarse en un abordaje proactivo; es decir, en tomar acciones para evitar que los siniestros ocurran. Y en caso de que no puedan evitarse, las condiciones de seguridad de las distintas capas del sistema deben proveer la protección necesaria para reducir sus consecuencias negativas; una de esas capas es la infraestructura vial.
El desarrollo de infraestructura nueva que contemple la seguridad de todos los usuarios y que promueva la elección de medios de transporte sostenibles, el mantenimiento de la infraestructura existente y su adecuación a las múltiples necesidades de las personas son fundamentales para lograr el objetivo del Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 de reducir las muertes y lesiones debidas al tránsito en por lo menos un 50% durante ese periodo.
La existencia de leyes alineadas con las buenas prácticas reconocidas en el ámbito internacional y aplicadas de manera efectiva contribuye a la seguridad de las personas en el ambiente vial. Las leyes que regulen la realización de inspecciones de la red de caminos promueven la seguridad de todos los usuarios.
El informe concluye que los países necesitan desarrollar sistemas de información que brinden datos fiables y sistemáticos sobre el estado de seguridad de sus vías, las necesidades detectadas, los medios de transporte utilizados y las inversiones realizadas. La falta de legislación que regule las inspecciones de vías y la protección de todos los usuarios es evidente en muchos países, por lo que es esencial establecer marcos legales que exijan inspecciones de seguridad.
La promoción del transporte sostenible sigue siendo insuficiente en comparación con el enfoque en los vehículos motorizados individuales, lo que resalta la necesidad de políticas que fomenten medios de transporte alternativos y seguros. La movilidad sostenible no solo beneficia la seguridad vial, sino que también contribuye al tránsito calmado, lo que subraya la importancia de políticas que promuevan este tipo de movilidad. Es necesario desarrollar y fortalecer sistemas de información sobre el reparto modal de medios de transporte con énfasis en los medios de movilidad sostenible.
El enfoque del sistema seguro tiene como objetivo asegurar un transporte seguro para todos los usuarios de la vía, en el que se reconoce la vulnerabilidad de las personas. Un pilar fundamental es la utilización de vehículos seguros, que desempeñan un papel crucial en la prevención de siniestros y la disminución de lesiones graves. Existen regulaciones de seguridad vehicular de Naciones Unidas que podrían salvar numerosas vidas si se implementaran en los estándares de fabricación y producción. Sin la aplicación de estas normas básicas, el riesgo de lesiones para los ocupantes del vehículo y para los peatones aumenta significativamente. La mayoría de los países no tiene leyes relacionadas con requisitos y normas para el equipamiento de vehículos.
Las regulaciones de seguridad vehicular de Naciones Unidas ofrecen un marco integral para mejorar la seguridad en las carreteras: la implementación de normativas sobre impacto frontal y lateral, control electrónico de estabilidad, airbags y cinturones de seguridad es fundamental para reducir el riesgo de lesiones tanto para los ocupantes del vehículo como para los peatones.
La falta de leyes específicas que aborden el impacto frontal y lateral en vehículos refleja la necesidad de una mayor atención a la seguridad vehicular en la región. Es crucial adoptar medidas integrales que protejan a los ocupantes del vehículo y promuevan la seguridad en las carreteras.
Es necesario avanzar en una política que promueva un financiamiento sostenible y una gobernanza efectiva, de ser posible con cobertura legal o regulatoria explícita, que se implemente y evalúe para lograr cobertura universal de la atención integrada de emergencia (prehospitalaria y en unidades de salud), cuidados críticos, operatorios y psicológicos y de rehabilitación. Para ello, es esencial reconocer estos servicios como prioritarios en los planes nacionales o locales de salud y en los modelos de atención primaria en salud (APS).
También se debe revisar, crear y, en su caso, fortalecer el marco jurídico, pues este constituye una vía clave para consolidar dichas políticas, garantizar los recursos necesarios para su implementación, asegurar un entorno efectivo de derechos y, con ello, lograr y sostener su impacto positivo en la salud.
Un primer paso para avanzar en este tema es conducir un ejercicio de diagnóstico y plan estratégico que impulse planes de acción basados en las características y necesidades locales con el objetivo de establecer una hoja de implementación de acciones prioritarias para fortalecer la atención de emergencias.
La OPS cuenta con recursos y herramientas para apoyar a los países en el despliegue de una estrategia efectiva que fortalezca la respuesta del sistema de salud frente a las emergencias traumatológicas y de salud.
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