Desde su experiencia en la gerencia de un hospital público, ¿cuáles son los impactos más relevantes que trae para un prestador de servicios de salud la liquidación de EPS?

Son muchos impactos. En nuestro caso, hasta 2022, cuando se habían liquidado 42 EPS, nos adeudaban cerca de $ 40.000 millones, es decir, un 12 % de la cartera del hospital; con la entrada en liquidación el año pasado de Convida, que era la EPS del departamento de Cundinamarca, el impacto económico fue mayor, porque nos quedó debiendo $ 104.000 millones de pesos, y se vuelve más del 35 % de nuestra cartera. Es decir, en el flujo de caja y presupuestal nos deja en unas condiciones financieras delicadas y, como si fuera poco, este año se liquida la EPS Ecoopsos, que era la segunda con mayor presencia en Cundinamarca, y nos queda debiendo $ 28.000 millones de pesos, sumadas estas dos [deudas] son $ 132.000 millones de pesos, en una cartera total que ya está por encima de $300.000 millones de pesos.

Para nosotros, hoy cerca del 50 % de nuestra cartera son deudas de empresas liquidadas o en proceso de liquidación, lo que hace que financieramente el hospital sea inestable y, por ello, nos toca acudir a la Gobernación de Cundinamarca para que nos dé apalancamiento financiero para subsistir. El impacto es muy grave; no se afectan las EPS, porque se acaban y no pasa nada, pero al hospital lo dejan en graves problemas financieros.

A los usuarios los reciben otras EPS y, como se está viendo en este momento, las que acogieron a los usuarios de Convida y Ecoopsos son EPS que tienen integración vertical, es decir que los atienden en sus propias IPS o con las que ya tenían contratos a nivel nacional o departamental, generando otros impactos, porque además ya no llegan esos pacientes que nosotros atendíamos. 

A mi juicio, la solución a esto es que el Estado responda, porque fue el que les dio el permiso para que operaran sin cumplir con la normatividad; además, una vez desaparecen estas entidades o entran en proceso de liquidación, lo primero que nos recuerda la Superintendencia de Salud es que por ningún motivo se puede dejar de atender a los pacientes, porque en ese caso tendremos consecuencias no solo institucionales sino personales.

Entonces, es un direccionamiento extremo en el que el hospital tiene que asumir esos costos y gastos para la atención de los pacientes, sin tener un pagador certero; por eso es que el negocio de la salud —porque así se volvió en nuestro país— es el más imperfecto que hay de todos los negocios existentes en el mundo. Porque nosotros tenemos que cumplir; no podemos decir que no lo atendemos, y más si llega por urgencias, independiente de que haya un pagador o no, porque tengo que resolver la situación al paciente que está solicitando un servicio. Entonces, debo atender al paciente, debo facturar y debo esperar a que revisen esa cuenta, que pueden glosármela y pueden pagármela o no. Entonces, realmente no tenemos garantía para el pago de la prestación de los servicios de salud. 

¿Qué tipo de acciones emprenden los prestadores para tratar de frenar carteras o recuperar esas deudas?

Todas las EPS que se han liquidado o han entrado en liquidación son “muertes anunciadas”. Las clínicas pueden dejan de vender, pero los hospitales públicos no, como acaba de pasar con Convida, que las privadas ya no atendían y le toca al hospital público atender a todos los pacientes que les lleguen. Por ejemplo, nosotros somos el único hospital de tercer y cuarto nivel de Cundinamarca, y no puede negar el servicio, independiente de cómo esté esa EPS.

Cuando estas entidades entran en proceso de intervención y, luego, un proceso liquidatario, y pasan los usuarios a las demás EPS, algunas de estas empresas responsables de pago abusan con los precios o las tarifas que quieren imponer: ofrecen tarifas que ya no existen como ISS del año 2001; eso no tiene sentido, o impone algunos modelos de contratación desequilibrados y nos dejan con las manos cruzadas, porque nosotros no podemos dejar de prestar los servicios a los usuarios. 

Otra práctica es que, cuando entra en proceso liquidatario una EPS, como pasó con Convida, que se liquida el 14 de septiembre de 2022 y del 14 al 26 de septiembre, esta EPS en liquidación debía pagar las atenciones de esos días. Después de nueve meses no han pagado ni siquiera esas atenciones, cuando ellos ya recibieron la UPC; están revisando cuentas todavía y eran solo $ 3.000 millones que les facturamos en esos días, y ni siquiera lo han auditado para el pago que deben hacer directamente. Entonces, de ninguna manera pagan como debe ser, ni en operación ni en liquidación, y nosotros no podemos hacer mucho, porque la normatividad no le da al prestador la capacidad para defenderse: le da la capacidad a la EPS para no pagar ni atender la obligación.

¿En el proceso de liquidación con qué situación se encuentran para recuperar esa cartera?

Lo primero que hay que hacer luego de que una empresa entra en liquidación es hacerse parte de la masa liquidatoria. El Hospital Universitario de la Samaritana lo ha hecho en los procesos de todas las EPS con las que hemos tenido contrato y han entrado en proceso de liquidación. Con algunas empresas, se ha logrado recuperar algo, como en el caso de Saludcoop, que nos quedó debiendo $ 4.500 millones y, con lo que al parecer va a llegar este año, un poco más de $ 400 millones de pesos, estaremos recuperando cerca del 30% de esa deuda.

En el caso de Cafesalud, que nos quedó debiendo $ 2.500 millones, no nos han pagado prácticamente nada, y ya dijeron que no tenía nada con qué pagar; y así con Coomeva, y todas las demás. En el caso de Convida EPS, el liquidador informó que le solicitaron acreencias por más de $ 600.000 millones de pesos y que sus recursos a hoy son de $ 100.000 millones, o sea, menos del 20% de lo que debe; por lo tanto, que nos puedan pagar es muy difícil.  

Uno no entiende cómo pasan empresas así, por qué se permite y no se mira cómo están estas EPS desde el punto de vista financiero. No es liquidarlas, sino que se revise lo que está pasando al interior y se pueda resolver la situación financiera de esas empresas, para que le puedan pagar a los prestadores, porque, cuando entra en liquidación una EPS, con seguridad que quiebra a muchas IPS o las deja en estados financieros difíciles.

Cuando usted tiene cerca del 50 % de cartera con EPS en liquidación, ¿qué otras áreas o qué se impacta en la gestión de su institución?

Este es un hospital acreditado en calidad y como universitario. Entonces, disminuir otras actividades es muy difícil; aquí nos ponen en aprietos en el flujo de caja, [pues] se empiezan a demorar los pagos a los proveedores y ojalá no tengamos que hacerlo con nuestros trabajadores. En muchos hospitales en nuestro país, cuando no hay flujo de caja, no le pueden pagar a tiempo a los trabajadores; nosotros por fortuna hemos tenido la bendición de un buen gobernador que nos ha ayudado con apalancamiento de esta situación, pero eso no tendría por qué ser así.

A eso se agrega la incertidumbre en el país con la Reforma al Sistema de Salud y que las EPS están dejando de pagar. Se tenían carteras a 270 días y ya las están aumentando a más de 300 días; siguen haciendo integración vertical; no están dando autorizaciones para la atención en los hospitales independientes.  

¿Con esa deuda que le tienen al hospital qué hubiese podido hacer?

Se impacta la renovación de equipos biomédicos, renovación tecnológica y la ampliación y apertura de nuevos edificios para la prestación de servicios. Muchas cosas que, cuando las condiciones económicas disminuyen, no se pueden hacer de la forma en que se debe.  

¿Cuál es el llamado que hace usted como prestador a los entes de control y al Gobierno?

Creo que hasta que una EPS no se ponga al día en sus cuentas y en sus deudas con los hospitales y las clínicas, no la deberían liquidar, porque lo que están haciendo es condonarle las deudas; y no las condonan ellos, sino nosotros los hospitales y clínicas, los que hemos prestado los servicios y a los que no nos van a pagar, cuando ellos ya han recibido la plata de la UPC mes a mes y a los prestadores nos pagan a más de 270 días. Eso no tiene sentido. 

Si las van a liquidar, entonces el Estado tiene que ser responsable por haberlas dejado funcionar sin los requisitos que necesitaba, especialmente los financieros.