La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, en dos comunicaciones enviadas a la nueva ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga Gaviria, y en reunión con el director general, Juan Carlos Giraldo Valencia, presentó las prioridades del sector prestador y ofreció su capacidad técnica para contribuir a la búsqueda de soluciones. Posteriormente, la ministra se reunió con la Junta Directiva del gremio para analizar la situación que atraviesan los hospitales y clínicas del país.

En las comunicaciones, la ACHC compartió su Decálogo: diez decisiones importantes frente al sistema de salud, elaborado como aporte a la agenda sectorial del nuevo Gobierno. El gremio señaló que algunos de los cambios requerirán un trabajo sostenido entre las autoridades y los distintos actores del sistema, mientras que otros demandan decisiones prontas por su impacto en la operación de las instituciones y en la continuidad de la atención.

Entre las medidas urgentes, la Asociación reiteró la necesidad de consolidar un plan extraordinario de liquidez que permita aliviar las dificultades financieras de los prestadores. También propuso optimizar el giro directo de recursos a hospitales y clínicas, identificar fuentes fiscales específicas para apoyar su liquidez y avanzar en decisiones frente a las entidades promotoras de salud (EPS) intervenidas. Además, señaló la necesidad de actualizar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la creación de un fondo de garantías para el sector.

La ACHC reiteró, además, su disposición para compartir con el ministerio sus estudios, investigaciones e información sobre el flujo de recursos. Para el gremio, atender las dificultades de financiación de la red prestadora es una condición necesaria para sostener los servicios de salud y proteger la capacidad de respuesta de las instituciones.

En una segunda comunicación dirigida a la ministra, la Asociación presentó propuestas para proteger a las instituciones afectadas por el terremoto del 10 de agosto en el país y que, pese a los daños y las dificultades operativas, continuaron atendiendo tanto a las personas afectadas por la emergencia como a los demás pacientes.

Una de las medidas planteadas fue establecer un pago por disponibilidad, de acuerdo con el grado de afectación de cada institución. Este mecanismo buscaría contribuir al sostenimiento del personal de salud en aquellos casos en los que los daños hayan limitado la prestación de servicios y, con ello, los ingresos necesarios para remunerar a los equipos de trabajo.

Para apoyar la recuperación de la infraestructura y la dotación, la ACHC propuso facilitar el acceso de las IPS a créditos blandos, mediante líneas de financiación pública y mecanismos de garantía. Asimismo, solicitó dar prioridad en el giro directo de recursos a las instituciones públicas, privadas y mixtas ubicadas en las zonas afectadas, de manera que cuenten con liquidez para mantener su operación durante la emergencia.

El gremio planteó también estudiar el uso excepcional y provisional de una parte de las reservas técnicas de las EPS para financiar medidas de apoyo y pagar cartera pendiente a las IPS. Estas propuestas, señaló la Asociación, deben acompañarse de acciones de alcance general para conciliar y depurar cuentas, normalizar los contratos y garantizar un flujo de recursos hacia los prestadores.

Con las comunicaciones enviadas y la reunión de la ministra con su Junta Directiva, la ACHC abrió un espacio de interlocución con el nuevo Gobierno.