Teniendo en cuenta el análisis y discusión que se dará este fin de año con el ánimo de definir el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2023, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) ha pedido al Gobierno Nacional promover un pacto de equilibrio o estabilidad económica entre los agentes del sector salud, que garantice trasladar el mismo porcentaje de incremento que se acuerde para la UPC del próximo año a los contratos y tarifas por prestación de servicios de salud acordados entre EPS e IPS.

El gremio explicó que, para garantizar la viabilidad de las instituciones hospitalarias, el incremento de la UPC para el 2023 debe soportar, además de las frecuencias e ítem tradicionales, el impacto de diversas variables macroeconómicas que afectan de manera especial a los prestadores por los mayores costos en la operación diaria que ya se están asumiendo. Esta petición valida y complementa la justificación de un incremento suficiente a las IPS en las tarifas de prestación de servicios de salud.

La ACHC ha insistido año tras año en que las entidades hospitalarias tengan la posibilidad de asumir los incrementos del salario del personal de salud, de los insumos y efectos de una posible recesión, así como garantizar la viabilidad de las instituciones. “No se puede repetir la historia de que los incrementos se queden solo en lo que reciben las EPS, sino que se trasladen en la misma proporción a las IPS que son las que efectivamente prestan los servicios”, puntualizó el director general de la ACHC, Juan Carlos Giraldo Valencia.

En el 2021, a través de la Circular N.º 062 del Ministerio de Salud, se indicó lo siguiente:

Si dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de entrada en vigencia del ajuste de la UPC para el 2022, las EPS de los regímenes Contributivo y Subsidiado y las Entidades Obligadas a Compensar, no han logrado acuerdos sobre el incremento con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS de salud públicas y privadas, deberán aplicar los porcentajes previstos en la presente circular, conforme lo prevé el parágrafo del artículo 2.5.3.5.3 del Decreto 780 de 2016. Lo anterior sin prejuicio de los posteriores acuerdos a que entre las partes se llegue.

Sin embargo, no todas las entidades lo cumplieron, por lo que se necesita que el Gobierno promueva la obligatoriedad de ese incremento en los acuerdos con las EPS.

Al respecto, y como se señala en la editorial de la edición 139 de esta revista:

Desde este gremio, siempre hemos abogado e invocado equilibrio entre los agentes, movidos en gran medida por las dificultades que en el día a día enfrenta el sector prestador, por el amaño de interpretaciones o desconocimiento de las normas, de la concentración de poder y funciones de algunos agentes, que impiden las sanas y equilibradas relaciones dentro del Sistema de Salud.

La agenda a corto y mediano plazo

Además, la ACHC ha presentado en diferentes espacios al Gobierno nacional y al sector salud una agenda que, independientemente de que se adelante una reforma al sistema de salud, los hospitales y clínicas consideran que se debe abordar en el corto y mediano plazo, para resolver las necesidades de la gestión del día a día en el sector salud actualmente, así:

• Estructurar una segunda fase de uso de las reservas técnicas de las EPS, para el pago de sus deudas a los prestadores, haciendo un ajuste a los criterios, de manera que se pueda ampliar el número de EPS sujetos de la medida y que se pueda beneficiar a más prestadores de servicios de salud.
• Implementación de giro directo universal tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado. Ante el acelerado crecimiento de las deudas a los hospitales y clínicas, que según el más reciente estudio de la ACHC, con corte a 30 de junio de 2022, llegó a los $13,8 billones de pesos con un 56 % en mora, en un semestre la deuda se incrementó en $1,1 billones, lo que indica una variación del 8,5 % entre diciembre de 2021 y junio de 2022. Con este comportamiento, la universalización del giro directo es una medida necesaria en la actualidad para enfrentar las dificultades de flujo de recursos, y puede ser una transición oportuna, antes de la posible reforma.
• Estructurar mecanismos para atender la insolvencia de las entidades del sector. Ante las multimillonarias deudas que están dejando las entidades en liquidación, el gremio ha pedido al Gobierno que se estructuren nuevos mecanismos que garanticen el pago de las deudas por servicios de salud que ya fueron prestados, y un fondo de garantías que permita el respaldo de las deudas que tienen con los prestadores de servicios de salud y que representan el 32 % de la deuda total evidenciada en el más reciente estudio de cartera de la ACHC.
• Revisar las condiciones de habilitación de las IPS. Dadas las limitaciones, dificultades e, inclusive, reglas desmedidas que se exigen hoy en día a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para cumplir con las condiciones de habilitación, la ACHC ha pedido al Ministerio de Salud revisar y ajustar esa normatividad, para hacerla más sencilla y práctica, sin dar lugar a diferentes interpretaciones de los verificadores.
• Generar incentivos a la calidad de las IPS. Teniendo en cuenta el esfuerzo adicional que hacen las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para acreditar los altos estándares de calidad con los que prestan la atención a los pacientes, la ACHC ha reiterado al Gobierno Nacional la necesidad de establecer incentivos que permitan el reconocimiento del esfuerzo que realizan día a día y, especialmente, le ha pedido revisar la exención de la tasa a la Supersalud a las IPS Acreditadas, cuyo alcance y bondad se ha visto limitado debido a interpretaciones del Ministerio.
• Agilizar trámites en el Invima. La demora que está generando en los trámites que adelantan las entidades del sector salud ante el Invima y las reglas que se tienen establecidas están representando un problema cada vez mayor que requiere ajustes. Tomando la vocería de todo el sector, la ACHC pidió la intervención decidida del Gobierno para acelerar las mejoras al Instituto.
• Mantener la indexación del Manual Tarifario del SOAT. Ante los recientes anuncios de modificación de las tarifas de Pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el gremio ha pedido al Ministerio mantener el manual la indexación e incrementos anuales de este manual tarifario de los servicios de salud, ya que no se puede retroceder y generar detrimentos a las entidades.  

Adicionalmente, se ha reiterado la importancia de estructurar mecanismos para atender las condiciones especiales de servicios como pediatría, ginecobstetricia y salud mental, para también garantizar así la disponibilidad de los mismos en todo el país.