En cumplimiento del decreto 995 de 2022 que estableció como obligatorio el uso de las reservas técnicas de las EPS para pagar a clínicas y hospitales la cartera mayor a 180 días, las EPS deberán pagar más de $2.1 billones antes del 30 de septiembre de este año.

Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), recalcó que desde hace varios años este gremio hospitalario había solicitado al gobierno esa medida de liberar las reservas técnicas de las EPS para pagar las deudas a las IPS y así darle liquidez al sector salud.

E incluso al inicio de la pandemia en abril de 2020, el decreto 600 autorizó a las EPS a destinar $1.7 billones de sus reservas técnicas para pagar deudas vencidas a hospitales y proveedores por concepto de servicios y tecnologías incluidos en el Plan de Beneficios. Y aunque el objetivo era apoyar a las IPS que concentraron su capacidad instalada en la atención de pacientes de COVID-19 y dejaron de recibir ingresos por otros servicios, esta medida de uso transitorio de reservas técnicas se dejó a voluntad de las EPS y no surtió el efecto esperado.

Por ello la ACHC se mantuvo en su propuesta de que se hiciera obligatorio el uso de las reservas técnicas para el pago de deudas a las IPS, y ahora el gobierno nacional acoge esa propuesta con el decreto 995 de 2022, ante la continuidad de la lentitud del flujo de recursos entre EPS e IPS.

Explica Giraldo Valencia, que según las cifras de los Considerandos del decreto, se reconocen unas deudas aceptadas por las EPS cercanas a $9.8 billones: “El decreto menciona que de los $16 billones reportados por las EPS de reservas, hay invertidos $6.5 billones; conociendo las antigüedades de la cartera de las IPS, estimamos que cerca de un 21% de la cartera está por encima de los 180 e inclusive de los 360 días. Esto significa que podrían liberarse recursos para la liquidez que superen los $2.1 billones, es decir, el rango inferior estaría en $2.1 billones, pero de ahí hacia arriba debe haber liberación de unos recursos adicionales. O sea que se espera un pago mínimo de $2.1 billones de acuerdo con las antigüedades de cartera que nosotros analizamos en la información oficial, pero no descartamos que esto se moverá en el rango entre mínimo esos $2.1 billones hasta llegar inclusive al techo que estaría en los $6.5 billones”.

Según el estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), un reporte de alrededor de 210 IPS del país, con corte a diciembre 31 de 2021 la cartera que le adeudan a las IPS es de $12.8 billones, con un 57% de cartera vencida por encima de los 60 días. Por ello la liberación de reservas técnicas de las EPS para pago de esta cartera, constituye un alivio importante que además coadyuva a otras fuentes y recursos que circulan en el sistema de salud.

Con esta medida se busca disminuir la cartera y generar flujo de recursos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y proveedores, que les permita responder ante la demanda de servicios para la oportuna prestación de los servicios y tecnologías en salud.

La viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, indicó que “el Ministerio de Salud expide este acto administrativo habilitando así el uso de las inversiones que respaldan las reservas técnicas, para aquellas EPS que la Superintendencia Nacional de Salud evidencie que la cartera presenta una concentración mayor al 15 % de la deuda en acreencias mayores a 180 días”.

Las EPS deberán utilizar los recursos que tengan invertidos en depósitos a la vista, títulos de renta fija, fondos de inversión colectiva o títulos de deuda pública interna, estos últimos en el evento de considerarlo pertinente.

El decreto 995 establece que a más tardar el próximo 30 de junio, la Supersalud solicitará a las EPS el plan de pago de la deuda, basado en el análisis de la cartera y las cuentas por pagar registradas como reservas técnicas en sus estados financieros.

Las EPS contarán con un mes para presentar la propuesta, en la cual muestre la revisión del total de cuentas pendientes con prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud, y se determine la distribución del monto de recursos, dando prioridad a las cuentas de mayor antigüedad.

“Los pagos realizados a través de este mecanismo se tendrán en cuenta en el cálculo del régimen de inversiones, como parte del cumplimiento de las condiciones de habilitación financiera, de acuerdo con el período que aplica a cada entidad y que los mismos deberán realizarse a más tardar el 30 de septiembre de 2022, lo cual permitirá disminuir la cartera y generar flujo de recursos y liquidez a los prestadores de servicios y tecnologías en salud”, puntualizó la viceministra.

Concluir los pagos del Acuerdo de Punto Final

Giraldo Valencia enfatizó que una de las solicitudes del gremio hospitalario al gobierno es cubrir los desembolsos pendientes del Acuerdo de Punto Final. El presidente Iván Duque indicó que aunque de este Acuerdo se concretó el pago del 84% de las deudas por servicios No-UPC, aún existen obstáculos en el flujo de recursos al sistema de salud, que deben ser solventados.

Duque explicó que al aclarar las deudas en el sector por servicios y tecnologías no financiados por la UPC del régimen Contributivo y subsidiado, a 31 de diciembre de 2021 se habían aclarado y pagado deudas por $6.1 billones, que han sido girados a través de la ADRES a 1.597 prestadores y proveedores del sector salud, de los cuales 403 son hospitales públicos. El gobierno señaló que el objetivo, en los meses que restan de su gestión, es girar $1.2 billones más para llegar a $7.3 billones de pesos pagados al sector y así dar alivio financiero y sostenibilidad al sistema.

Se calcula que sería entre 1.1 y 1.2 billones de pesos adicionales el remanente para llegar a casi $8 billones en cumplimiento del Acuerdo de Punto Final: son cerca de $800.000 millones en el régimen contributivo y alrededor de 300.000 millones más en el régimen subsidiado.

Además se expidió un decreto que autoriza una línea de crédito de Findeter por $472.000 millones, en otro esfuerzo del gobierno que ayudará a la liquidez, a los recambios de deuda y a pagar otros asuntos pendientes.

Concluyó Giraldo Valencia: “Nuestra petición al gobierno es reglamentar de manera inmediata el decreto para que pueda materializarse en liquidez en el sector, pues aparte de estos temas y de algunos remanentes del pago por disponibilidad, lo que se pide al actual Gobierno en el cierre de su gestión, es que la Supersalud avance en lo pertinente en la liberación de las reservas técnicas de las EPS según los plazos del decreto 995, que se cumplan esos plazos perentorios”.