Con la entrada en vigencia el 1.º de noviembre del 2025 de la nueva Ley de Cuidado de Personas Mayores y el lanzamiento del programa Support at Home, que reordena la atención en el hogar y refuerza la autonomía de las personas mayores, Australia culmina un ciclo de reformas estructurales a su sistema de cuidados. La ley, aprobada por el Parlamento Australiano en noviembre del 2024, sustituye el marco vigente desde 1997 y establece un enfoque centrado en derechos de las personas de la tercera edad.

De acuerdo con la Comisión de Calidad y Seguridad en el Cuidado de las Personas Mayores del Gobierno de Australia, el cambio más visible de la nueva ley es el enfoque ya que la normativa deja de organizarse en torno a los proveedores y se reorienta explícitamente hacia los derechos y necesidades de las personas que acceden a cuidados financiados por el Estado. La ley define principios para agencias públicas, endurece los requisitos de registro y supervisión de proveedores, actualiza los mecanismos de financiación y crea nuevas figuras regulatorias, entre ellas un Comisionado de Cuidado para Pueblos Originarios.

El nuevo marco también incorpora estándares de calidad fortalecidos, derivados de las recomendaciones de la Real Comisión de Calidad y Seguridad, con énfasis en alimentación y nutrición, demencia, diversidad, gobernanza y atención clínica. Estos estándares acompañan la puesta en marcha de la ley para asegurar continuidad y mejora de la calidad.

Las autoridades australianas en las diferentes etapas de socialización han destacado que el propósito central es “poner los derechos y necesidades de las personas mayores en el centro del sistema”, con efectos tanto en los cuidados en el hogar y la comunidad como en los centros residenciales por lo que, aunque la nueva ley tenía inicialmente que entrar en vigor en junio del presente año, el Gobierno Federal, tras consultas sectoriales, la aplazó hasta el 1.º de noviembre para dar más tiempo de preparación tecnológica y operativa a los prestadores y a la administración.

El Gobierno australiano expone que la nueva ley proporciona un sistema de atención a personas mayores con visión de futuro, diseñado para

• Defender los derechos de las personas mayores según la Declaración de Derechos
• Ayudar a las personas mayores a acceder a los servicios de atención para que puedan vivir vidas activas, autodeterminadas y significativas.
• Garantizar un acceso equitativo y una prestación flexible de servicios de atención a personas mayores financiados que prioricen a las personas mayores.
• Permitir que las personas mayores que acceden a servicios de atención financiados ejerzan la elección y el control en la planificación y la prestación de esos servicios.
• Proporcionar un marco regulatorio sólido y basado en el riesgo para la prestación de servicios de atención a personas mayores financiados, incluidos mecanismos de quejas accesibles.
• Garantizar que las personas mayores estén libres de malos tratos, negligencia y daños causados ​​por una atención de mala calidad o insegura.
• Proporcionar y apoyar mecanismos de educación y defensa que puedan ayudar a las personas mayores a comprender sus derechos, tomar decisiones y proporcionar retroalimentación sobre la prestación de esos servicios sin represalias.
• Alentar a los prestadores y trabajadores a brindar atención de alta calidad.

Support at Home: el nuevo pilar para el cuidado de personas mayores

Como parte de la implementación de la ley, el Gobierno australiano pondrá en marcha el programa Support at Home, que reemplaza el Home Care Packages (HCP) y al Short-Term Restorative Care (STRC) a partir del 1.º de noviembre del 2025. Según la Comisión, el objetivo de concentrar los servicios en un solo programa es simplificar y hacer más flexible la oferta de apoyos en el hogar, con acceso más ágil a tecnologías de asistencia, productos, equipamientos y modificaciones domiciliarias, para sostener la independencia, la actividad y la conexión social de las personas mayores.

Las funciones de dicho programa se concentran en tres aspectos clave:

• Clasificación de necesidades y presupuestos personales: se introduce un sistema de niveles de presupuesto asociado a la clasificación del Estado y necesidades de cada persona, de modo que los apoyos se ajusten mejor a su situación.
• Contribuciones según ingresos y activos: el programa prevé aportes del participante basados en la evaluación de ingresos y patrimonio, con el fin de focalizar el financiamiento público y mejorar la sostenibilidad.
• Acceso anticipado a apoyos: se habilitan mecanismos para disponer desde el inicio de ayudas clave como tecnologías de asistencia o modificaciones del hogar que prevengan deterioros y posterguen la institucionalización.

El Gobierno de Australia tiene previsto culminar la transición a este programa en julio del 2027, cuando de acuerdo con el cronograma se habrán finalizado todos los ajustes y cambios operativos para integrar a todos los proveedores, usuarios y prestadores.

La Comisión de Calidad y Seguridad en el Cuidado tendrá un nuevo marco jurídico, que reemplaza la legislación del 2018 y refuerza las herramientas de supervisión (registro de proveedores, aprobación de hogares residenciales, cumplimiento de estándares, manejo de información) para mejorar la seguridad y la experiencia de las personas usuarias.

Con el cambio de la política de cuidado de personas mayores esperan que la población de la tercera edad tenga mayor claridad sobre sus derechos, respuestas más personalizadas y trámites simplificados para acceder a apoyos clave de atención en el hogar, para lo cual desde ya en el portal oficial My Aged Care el Gobierno ha empezado a explicar de manera didáctica los cambios y la lógica de “personas en el centro” en hogares, comunidad y residencias.

Para los proveedores, 2025-2026 será un periodo de adecuación operativa: nuevos requisitos de registro, sistemas de información y facturación compatibles con el programa Support at Home, y alineamiento con los estándares de calidad fortalecidos. El Ministerio ha señalado que se da ese tiempo para reducir riesgos de transición y garantizar que las entidades estén listas, con orientaciones y materiales específicos ya disponibles.

En lo financiero, el énfasis en contribuciones según capacidad de pago para servicios no clínicos y la reasignación hacia apoyos en el hogar apuntan a la sostenibilidad, a la vez que se intenta responder a listas de espera y a una demanda en aumento por envejecimiento poblacional.

La construcción de esta ley partió de aproximadamente sesenta recomendaciones de la Comisión Real sobre Calidad y Seguridad de la Atención a las Personas Mayores y las conclusiones y solicitudes en múltiples consultas públicas administrado por el Departamento de Salud, Discapacidad y Envejecimiento. Se centra en empoderar a las personas mayores y defender sus derechos, necesidades y decisiones personales. También influye en la forma en que la Comisión de Calidad y Seguridad de la Atención a las Personas Mayores regula a los proveedores y los exige responsabilidades por el cumplimiento de sus obligaciones.