Para cada tema hay decisiones ejecutivas que pueden acercarnos a una mejor condición: en Punto Final, se deben lograr los desembolsos de un billón de pesos que falta con destinación total a la red de IPS independientes, no más concentraciones en las EPS y sus entidades relacionadas; con la liquidez corriente, se debe convertir en realidad operacional el gran anuncio presidencial de liberación obligatoria de las reservas técnicas de las EPS, un alivio en corto plazo y un suplemento más que justificado al Acuerdo de Punto Final.

La política hospitalaria ojalá recoja todos los documentos, conceptos y aportes de la ACHC, porque si se va a actualizar ese marco se debe tener en cuenta la naturaleza mixta de la red y, de igual manera, se debe mirar hacia adelante la modernización de las instituciones mediante un decidido y bien financiado plan de fomento. En salud pública, el documento debe aportar la claridad en las competencias y los recursos que el vigente no tiene, porque un plan, que es responsabilidad de todos en abstracto y sin presupuesto robusto, solo garantiza que nadie lo ejecute.

Respecto a las relaciones entre agentes, que tienen un marco renovado a través del Decreto 441 de 2022, ahora lo indicado es que las entidades acaten las órdenes y que la autoridad de Inspección Vigilancia y Control sancione a los infractores. Las ideas de esa norma en general son buenas y pueden ayudar a la gente y a las entidades, pero nada de lo escrito es automático en su implementación; aquí el Gobierno tiene que hacer un acompañamiento para que cesen las posiciones dominantes abusivas.

Por último, está el asunto de las liquidaciones, de las cuales no se discute su justificación, pero sí se solicita un plan de mitigación de daños a las IPS. El actual Gobierno avanzó en la contención de daño a la población, tratando de agilizar procesos de traslado a entidades con mejores ejecutorias e indicadores; sin embargo, evitar el daño a los prestadores por las cuantiosas deudas que dejan estas malogradas entidades aun es asignatura pendiente. Lograr que se dejen las bases de un régimen de insolvencia, de unos mecanismos de garantía ante las quiebras, de unos fondos reales de salvamento a la red hospitalaria, de unos créditos condonables y, además, las facilidades para repetir contra dueños, manejadores y matrices, debería ser propósito conjunto del actual Gobierno y del actual Congreso de la República.